Cúcuta llegó a un punto de inflexión. Durante décadas, la ciudad ha vivido de su condición de frontera, del comercio informal, de los vaivenes de la relación con Venezuela y, en no pocos casos, del empleo público como principal —y a veces único— salvavidas para miles de familias. Ese modelo agotó su capacidad de generar bienestar. Hoy la ciudad exige algo distinto: una apuesta decidida por la productividad, el trabajo de calidad y la atracción de inversión privada como motores reales de desarrollo. No se trata de un capricho técnico ni de una moda discursiva; se trata de una necesidad estructural para una ciudad que no puede seguir postergando su transformación económica.
La productividad no es un concepto abstracto reservado para economistas. Es, en términos simples, la capacidad de generar más valor con los recursos disponibles: mejor tecnología, mejor formación del talento humano, procesos más eficientes y condiciones institucionales que faciliten —en lugar de entorpecer— la actividad empresarial. Una ciudad productiva es una ciudad que compite, que atrae capital, que retiene a sus profesionales jóvenes y que ofrece salarios dignos porque las empresas que allí operan son rentables y sostenibles. Sin productividad no hay salarios altos posibles, no hay estabilidad laboral real y no hay forma de romper el círculo de precariedad que ha caracterizado buena parte del mercado laboral cucuteño.
Aquí aparece un segundo elemento central: la calidad del trabajo. No basta con generar empleo; hay que generar empleo formal, bien remunerado, con seguridad social y con proyección de crecimiento. Cúcuta ha estado marcada por altísimas tasas de informalidad, subempleo y empleos de baja calificación. Revertir esa tendencia exige un cambio de enfoque en la política pública local: dejar de medir el éxito únicamente en número de puestos de trabajo creados y empezar a medir la calidad, la estabilidad y la proyección de esos empleos. Un empleo informal no saca a una familia de la pobreza de manera sostenible; un empleo formal, con crecimiento salarial y estabilidad, sí lo hace.
Para lograr ese salto cualitativo, la ciudad necesita algo que hasta ahora ha faltado de manera sistemática: capacidad real de atracción de inversión privada. Los inversionistas —locales, nacionales o extranjeros— no llegan por buena voluntad ni por discursos optimistas; llegan cuando encuentran seguridad jurídica, infraestructura adecuada, mano de obra calificada, incentivos tributarios claros y una institucionalidad que actúa como aliada y no como obstáculo, en tres palabras, una ciudad competitiva. Esto implica que la administración municipal debe asumir un rol distinto al que tradicionalmente ha jugado.
Y aquí está, quizás, el cambio de paradigma más importante que Cúcuta debe adoptar: el municipio no puede seguir siendo, él mismo, una de las principales fuentes de empleabilidad de la región. Cuando el sector público se convierte en el empleador de referencia, se generan al menos tres problemas graves. Primero, se compromete la sostenibilidad fiscal de la administración, porque la nómina pública crece más rápido que los ingresos propios. Segundo, se desincentiva la creación de empresas privadas, porque los ciudadanos —con razón— perciben el empleo estatal como más estable, aunque no siempre sea más productivo. Y tercero, se pierde la oportunidad de que el aparato público cumpla su verdadero rol: no el de emplear directamente, sino el de generar las condiciones para que otros empleen.
El municipio debe convertirse en un apalancador de inversión, no en un competidor del sector privado por la generación de empleo. Esto significa invertir en infraestructura logística y vial, simplificar trámites, ofrecer seguridad jurídica a los proyectos empresariales, fortalecer la educación técnica y tecnológica pertinente para las vocaciones económicas de la región, y construir alianzas público-privadas que dinamicen sectores estratégicos. La función del gobierno local no es competir por la planilla de nómina, sino diseñar el terreno fértil donde el sector privado, el emprendimiento y las mipymes puedan crecer con solidez.
Precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas merecen una mención especial. Son, en la práctica, el corazón del tejido económico cucuteño: generan la mayor parte del empleo, pero enfrentan las mayores barreras de acceso a crédito, formalización, tecnología y mercados. Fortalecerlas no es opcional; es la columna vertebral de cualquier estrategia productiva seria. Programas de acompañamiento técnico, líneas de financiamiento blando, formalización simplificada y encadenamientos productivos con empresas más grandes deberían ser prioridad número uno de la agenda económica local.
Ahora bien, toda esta transformación necesita un propósito común, un norte compartido entre gobierno, empresarios, academia y sociedad civil. Cúcuta no puede seguir intentando ser todo para todos; necesita definir con claridad sus vocaciones productivas y apostarle a ellas con disciplina de largo plazo. Tres sectores aparecen como los más evidentes: la agroindustria, aprovechando la vocación agrícola de la región y el potencial de darle valor agregado a lo que hoy se exporta como materia prima; la minería, desarrollada con estándares ambientales y sociales responsables que generen encadenamientos productivos reales; y los servicios, particularmente los tecnológicos, de salud y turismo, tres áreas donde Cúcuta tiene ventajas comparativas poco explotadas gracias a su ubicación fronteriza, su clima, su oferta hospitalaria regional y el creciente interés por el nearshoring de servicios digitales.
Construir ese propósito común no es tarea sencilla ni rápida. Requiere continuidad de política pública más allá de los períodos de gobierno, requiere confianza entre los actores económicos y requiere, sobre todo, la voluntad política de renunciar a los atajos populistas del empleo público inmediato en favor de una estrategia estructural de mediano y largo plazo. Pero es el único camino sostenible.
Cúcuta tiene el talento, la ubicación estratégica y la resiliencia histórica para reinventarse. Lo que necesita ahora es una clase dirigente —pública y privada— dispuesta a entender que la verdadera generosidad social no está en repartir cargos, sino en construir las condiciones para que el sector privado florezca, invierta y genere el empleo de calidad que la ciudad merece. Ese es el verdadero apalancamiento que transformará el futuro económico de la región.